La venta de aire limpio constituye un negocio en auge para que las empresas puedan compensar sus emisiones de gases contaminantes y vender a sus accionistas y a la sociedad, su sostenibilidad. Ante este negocio en crecimiento y teniendo en cuenta el potencial que ofrece el monte gallego, la Xunta ha decidido intentar regular el mercado en la comunidad, creando por ley una bolsa de carbono de Galicia con la que facilitar la conexión entre vendedores de este bien inmaterial y los compradores. Galicia contará así con un sistema propio diferenciado del registro estatal. Por otro lado, la Xunta de Galicia impulsa una ley que pretende blindar la intención de rebajar el impacto de la comunidad sobre el cambio climático, por lo que ciertas empresas estarán obligadas a colaborar o tendrán un castigo económico.
El anteproyecto de Ley de Promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan recursos naturales de Galicia, impulsado por la Xunta, prevé “fomentar el desarrollo de proyectos y actividades dirigidos a incrementar la absorción de carbono y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero” para así contribuir en la consecución de “la neutralidad carbónica”.
En este documento, se recoge específicamente y por primera vez, la creación del “sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta que servirá de nexo entre los operadores o grupos de operadores que voluntariamente deseen vender los créditos de carbono generados mediante el desarrollo de sus proyectos y actividades, y los compensadores que, también de forma voluntaria, deseen adquirir o utilizar créditos de carbono, bien sea como intermediarios o bien como agentes finales, para así compensar sus emisiones de otras actuaciones”.
El mercado de venta de aire limpio está regulado ahora mismo por el Gobierno Central y ha crecido en Galicia durante los dos últimos años, duplicando los montes adheridos a este sistema hasta alcanzar los 232, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Las firmas interesadas en reducir su huella ecológica y mejorar su imagen corporativa pueden comprar el aire limpio que generan esos montes a razón de hasta 70 euros por tonelada. Este sistema, es paralelo al que rige para las industrias que emiten gases de efecto invernadero, obligadas a ceñirse a una producción concreta y a pagar por excederse.
Sin embargo, el Gobierno limita la entrada en este mercado voluntario a determinados montes. Solo pueden hacerlo las parcelas reforestadas tras incendios o la reforestación de superficies desarboladas desde 1989, si bien la organización de Comunidades de Montes ha presentado una queja ante la Oficina Europea de Cambio Climático para permitir el acceso a este negocio a los montes bien gestionados.
Ante esta tesitura, la Xunta mueve ficha para generar su propio sistema. “La ley se centra en tratar de dotar a Galicia de un marco regulador para asegurar la mejor gestión y la concesión de estos créditos de carbono, contribuyendo así a la generación de este tipo de proyectos”, apuntan desde la Vicepresidencia Primera de la Xunta y Consellería de Economía, Industria e Innovación.
El sistema gallego estará abierto a la absorción de carbono, a través de los árboles, a la eliminación de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso a “la captura directa de CO2”, según la Xunta. “La previsión a día de hoy es que, para el registro gallego, los créditos en los próximos años estén, sobre todo, vinculados al sector forestal”, añaden.
Aunque esta bolsa de carbono de Galicia de aire limpio será voluntaria, la ley de recursos naturales y su desarrollo normativo mediante decretos, la regulará. En el proyecto legislativo ya se indica que el sistema se basará en una cuantificación de créditos de carbono (las toneladas que captura cada monte) “mediante metodologías aprobadas en el marco de este sistema”. Galicia, por tanto, determinará qué significa una tonelada de absorción de CO2. Además, cada proyecto de carbono estará sujeto “a un proceso de auditoría de certificación inicial” por un organismo que determinará la Xunta.
Asimismo, la plataforma gallega que permitirá la compraventa de aire limpio detallará los datos de cada operador para “evitar los riesgos de doble cuenta de emisiones”. “Disfrutarán de un tratamiento especial los créditos de carbono asociados a proyectos y actividades cuyo desarrollo lleve asociados beneficios adicionales a nivel ambiental y social”, añade.
Por otro lado, próximamente, las casi 1.800 empresas gallegas que superan el medio centenar de trabajadores se arriesgarán a multas de 60.001 a 120.000 euros si no reducen cada anualidad sus emisiones de gases contaminantes. La Xunta está impulsando una ley que pretende blindar la intención de rebajar el impacto de la comunidad sobre el cambio climático y estas firmas estarán obligadas a colaborar bajo pena de castigo económico.
Así lo establece el anteproyecto de Lei do Clima, un compendio de medidas para otorgar rango de ley a varios de los compromisos adquiridos por la administración autonómica, como rebajar un 57% las emisiones de gases contaminantes hasta 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050, lo que quiere decir que las emisiones queden compensadas por la capacidad de absorción de los montes gallegos.
Uno de los apartados novedosos de esta legislación, radica en la creación de un registro gallego de huella de carbono, en el que todas las medianas y grandes empresas estarán obligadas a inscribirse. Cabe indicar que Galicia cuenta con 1.474 firmas de la primera categoría (con entre 50 y 259 empleados) y 303 de la segunda (a partir de esa cifra), según cifras del Instituto Galego de Estadística correspondientes a 2021.
Esa inscripción estará acompañada por el cálculo anual de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, los datos de reducción de las mismas y los “proyectos de absorción de dióxido de carbono asociados”, fundamentalmente a través de la plantación de árboles o la compra de “aire limpio” de montes de otros propietarios, con la bolsa de carbono de Galicia.
La administración autonómica recuerda que el Gobierno central “va a regular esa cuestión a través del real decreto del registro de la huella de carbono”, pero Galicia se quiere adelantar con su propio sistema. “En ningún caso, la ley pretende ser única y exclusivamente punitiva, sino un instrumento para dotar a las empresas de planes de reducción de las emisiones para contribuir al objetivo final, que es luchar contra el calentamiento global. Pero es preciso, como en toda norma, establecer un marco de incumplimientos y de las sanciones que estos llevan aparejadas”, justifican fuentes de la Vicepresidencia segunda y Consellería de Medio Ambiente.
Así, las medianas y grandes empresas se arriesgarán a varias multas. Las muy graves, con castigos de 60.001 a 120.000 euros, se aplicarán si incumplen la obligación de reducir sus emisiones. Si se ajustan a esta exigencia, pero eluden la inscripción en el registro gallego, serán castigadas con una sanción leve, cuyo máximo será de 30.000 euros, según consta en el anteproyecto legal.
Medio Ambiente defiende la importancia de este registro porque “permitirá conocer en qué punto está Galicia de cara al cumplimiento de los objetivos marcados en la ley y posibilitará orientar mejor los planes de descarbonización a aplicar en la comunidad”.
Fuentes: Faro de Vigo 1 y Faro de Vigo 2
