El Proyecto de Ley de Cambio Climático, Transición Justa y la Estrategia para una Transición Justa, aprobado en la legislatura de Pedro Sánchez, es un nuevo marco normativo que supondrá un “instrumento clave para garantizar la consecución de los compromisos de España ante la UE en materia de energía y clima en el marco del Acuerdo de París contra el calentamiento global”; pero, ¿qué implica realmente esta legislación medioambiental?
El Acuerdo de París es la referencia de esta Ley de Cambio Climático. Este acuerdo, alcanzado en la COP21 de Naciones Unidas, fue un verdadero hito en la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de la sostenibilidad, teniendo el objetivo de lograr una transición global hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. El Acuerdo de París establece un objetivo para limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C respecto de los niveles pre-industriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura de 1,5°C.
Así, con la nueva Ley de Cambio Climático, el Ministerio para la Transición Ecológica, pretende “crear un sistema energético europeo más sostenible, seguro y competitivo que permita compatibilizar el cumplimiento con los objetivos de cambio climático establecidos en el Acuerdo de París con la entrega de energía al consumidor a precios asequibles”. Según esta ley, España debería reducir en 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y ser neutra en carbono en 2050, logrando así la descarbonización. Además, el sistema eléctrico debería ser 100% renovable también para el 2050. Para ello, se establecen tres objetivos básicos: Priorizar la eficiencia energética, Lograr el liderazgo mundial en materia de energías renovables, y Ofrecer un trato justo a los consumidores.
La Ley de Cambio Climático tiene 4 finalidades: la primera consiste en poner en el centro de la acción política, la lucha contra el cambio climático y la transición energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro; la segunda sería garantizar la coordinación de las políticas sectoriales, de manera que se asegure una coherencia entre ellas y se fomenten las sinergias en relación a la mitigación y a la adaptación al cambio climático; la tercera finalidad es garantizar la cohesión social y territorial, de forma que se promueva una transición justa y solidaria de la economía española y se favorezcan las oportunidades del nuevo modelo descarbonizado, así como también se deben identificar las medidas que faciliten la resiliencia a los impactos del cambio climático; y la cuarta finalidad de esta ley, consiste en poner en marcha los instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana, el mejor entendimiento científico, y la coordinación entre las administraciones y las entidades sociales y económicas.
Por otro lado, hay que destacar que uno de los puntos fuertes de la Ley de Cambio Climático, son las energías renovables. Debido al objetivo marcado, la Administración debería desarrollar la construcción de un mínimo de 3000MW de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica de fuentes renovables para el año 2050. Asimismo, en cuanto a la transición energética y al uso de combustibles, la ley endurece la legislación anterior y desde su entrada en vigor “no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos”, en su lugar se dará apoyo a energías como el biogás y el hidrógeno; además, en 2050 ningún vehículo podrá circular si emite dióxido de carbono de forma directa, por lo que se promoverá la compra de automóviles 100% limpios y se instalarán puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de carburantes.
Asimismo, el Estado fomentará la renovación de los edificios existentes, tantos públicos como privados, para alcanzar edificios de alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050, garantizando la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de al menos 100.000 viviendas al año de media, entre 2021 y 2030. Para ello, ha establecido el Programa PAREER ó Programa de Ayudas para la rehabilitación energética de Edificios Exigentes, con rehabilitaciones subvencionadas (siempre y cuando se forme parte de alguno de los colectivos vinculados), con el que se pretende alcanzar una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía total de los edificios.
Y en cuanto a la política fiscal, el Estado pretende incorporar elementos que “configuren el sistema tributario como un instrumento que incentive una economía baja en carbono que permita internalizar los costes medioambientales, en el uso de la energía y en las principales actividades económicas que generan emisiones de gases de efecto invernadero y aumenten la vulnerabilidad de la economía española”. Para ello, el 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.
La Estrategia de Transición Justa
Por otra parte, el Acuerdo de París reconoce que la implementación de las políticas contra el cambio climático deberán “tener en cuenta los imperativos de una transición justa en el mundo del trabajo y la creación de trabajo decente y de calidad”. Por ello, la Estrategia de Transición Justa que forma parte del Marco Estratégico de Energía y Clima, configurado por el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Proyecto de la Ley de Cambio Climático, tiene el objetivo principal de maximizar las oportunidades de empleo y minimizar los impactos de la transición energética, siendo así el marco de actuación para optimizar las oportunidades de dicha transición.
Cabe indicar que en la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia, diciembre de 2018), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó el compromiso de España firmando la Declaración de Silesia sobre Transición Justa. Esto convierte a España en el primer país del mundo en disponer de una Estrategia de Transición Justa.
El punto de partida de la Estrategia es el reconocimiento de que en España es particularmente importante optimizar los beneficios de la Transición Ecológica para generar más y mejores empleos. Así, la Estrategia será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario. El objetivo es que no se produzcan impactos negativos sobre el empleo ni la despoblación.
Dicha Estrategia de Transición Justa, se materializará a través de los Convenios de Transición Justa, que recogerán un plan de acción territorial integral para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica.
Asimismo, impulsará el diseño de políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica, y de empleo y formación profesional, con el fin de asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente beneficioso para todos.
Además, la Estrategia hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación. Algunas de las líneas propuestas en este ámbito, son el impulso a las energías renovables como biomasa o biogás; el apoyo a la Estrategia de Bioeconomía, diseñada para generar valor económico, activando mercados locales para productos y subproductos; o la revisión del Plan Forestal Español.
Fuente principal BBVA
