El comercio de madera ilegal es un negocio muy lucrativo que mueve miles de millones de dólares al año, pero que también destroza los bosques y está detrás de graves violaciones de derechos humanos. Ante la falta de controles eficaces, España se ha convertido en una de las puertas de entrada de madera ilegal a la Unión Europea. Esto queda demostrado con la denuncia de Greenpeace de la importación de madera ilegal “manchada de sangre” a través del puerto de Vigo (Galicia), la cual procedía de la empresa “Madeiras Cedroarana” que fue multada reiteradamente por tala ilegal y por estar relacionada con la matanza de 9 colonos en Colniza (Brasil) en abril de 2017. Por ello, Greenpeace pidió a la Xunta de Galicia que investigue este asunto.
Según Greenpeace, el principal sospechoso de ordenar esa matanza se trata de Valdelir João de Souza, actualmente huido de la justicia, y es un industrial del negocio de la explotación forestal y copropietario de “Madeiras Cedroarana”.
Un portavoz de Greenpeace en España, Miguel Ángel Soto, indicó que “esa madera no debería haber entrado en un puerto europeo por tratarse de un caso de un posible cargamento de madera de sangre” del que asegura, alertaron «hace ya más de un mes».
Según fuentes de la organización ecologista, el agente internacional que realizó la operación comercial con destino al puerto de Vigo es la empresa Global Gold Forest Lda (GWP), representada en España por Atlantic Timber Agency (miembro de la Asociación Española de Industria y Comercio de la Madera (AEIM)), ambas con sede en la misma dirección postal del puerto de Marín. Esta última empresa, en declaraciones manifestó no tener constancia de ese caso y que toda la madera con la que trabaja procede de tala legal. Además, remitió un comunicado por el que niega los datos aportados por Greenpeace, que considera de tipo «sensacionalista», cuando «intenta crear un vínculo directo entre esos asesinatos y la extracción de madera ilegal, sin ninguna prueba clara o contundente».
La Autoridad Portuaria de Vigo y la Xunta de Galicia también se quisieron lavar las manos, pero al final Greenpeace les ha ganado la razón
Por otro lado, fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) señalaron que “no tienen constancia de ese caso y que el año pasado no entró ningún tipo de madera ilegal”. Además, ha sostenido que la denuncia de Greenpeace es “falsa” y que “carece de base”.
Además, ante la petición de Greenpeace de que la Xunta investigue el caso y establezca controles a los importadores de madera, la Autoridad Portuaria ha remarcado que «no es cierto que el control de las mercancías que llegan al puerto sea competencia de la Xunta de Galicia ni de la propia Autoridad Portuaria, sino que son otras las entidades encargadas del control aduanero».
En respuesta a esto, Greenpeace se ha ratificado y ha remitido una copia del permiso de embarque de un contenedor de madera ilegal desde el puerto de Paranagua (Brasil) con destino al puerto de Vigo, una información que ha dicho que ya remitió «hace más de un mes a la Xunta» y que, «ante la inacción» de la institución, decidió hacer pública.
Así, aunque las autoridades portuarias de Vigo han intentado desprestigiar a Greenpeace, finalmente han tenido que reconocer que dicha madera ilegal “manchada de sangre” sí que había llegado al puerto de Vigo.
«Esta madera no debería haber entrado en un puerto europeo. Exigimos a la Xunta que no eluda su responsabilidad y haga su trabajo para evitar que la madera ilegal y la procedente de situaciones de violencia entre en el mercado europeo”, declaró el portavoz de Greenpeace España. Además, ha indicado que “su intención era que la Xunta actuase como lo exige la Ley de Montes de Galicia, que en el artículo 104 establece que la Administración autonómica adoptará las medidas oportunas para evitar la comercialización de la madera y productos derivados procedentes de talas ilegales en bosques naturales de terceros países».
Finalmente, cabe indicar que las talas ilegales son el primer paso para la deforestación de los últimos bosques primarios del planeta. Se estima que el 30% de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal, la cual movió entre 50 y 152 mil millones de dólares en 2016. Se trata del primer delito medioambiental, según la ONU. La importancia de esos bosques para la salud del planeta es enorme y su destrucción nos afecta en todas partes. La responsabilidad no es solo de los países que los albergan, sino también de los que reciben la madera.
Por ello, la organización ecologista pide a la Xunta que actúe para evitar la entrada de más cargamento similar y solicita ayuda social para seguir presionando a las administraciones sobre este tema.
Fuentes: Atlántico y Europa Press